El presidente Javier Milei confirmó este viernes que derogará la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa aprobada recientemente en el Congreso de la Nación. La medida había contado con 57 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, pero el mandatario manifestó su decisión de rechazarla rotundamente, lo que ha generado preocupación en el ámbito académico y la posibilidad de nuevas movilizaciones estudiantiles.
El anuncio fue contundente, respondiendo "Veto total" a una publicación en la red social X, realizada por el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. En su comentario, Álvarez había mencionado que la decisión final sobre el veto recaía en el presidente, quien finalmente confirmó su postura en contra del proyecto legislativo.
La Ley de Financiamiento Universitario tenía como objetivo garantizar la actualización periódica de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas del país. Estas partidas cubrirían gastos operativos, así como proyectos de investigación y extensión, fundamentales para el desarrollo académico.
Una de las características más relevantes de la normativa era la obligación de ajustar dichos fondos cada dos meses, teniendo en cuenta la inflación, lo cual buscaba asegurar que las instituciones educativas no vieran reducida su capacidad de funcionamiento en un contexto de alta inflación.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación informó que la implementación de esta ley tendría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que representaba aproximadamente el 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). Este alto costo fiscal es uno de los principales motivos que llevaron al Ejecutivo a optar por el veto.
Tras el anuncio de Milei, varios sectores vinculados a las universidades públicas, tanto estudiantes como docentes, expresaron su rechazo y comenzaron a organizar posibles movilizaciones. Las agrupaciones estudiantiles ya advirtieron sobre la posibilidad de realizar una nueva Marcha Federal en defensa de la educación pública, al considerar que la derogación de esta ley afectará directamente la calidad y sostenibilidad de las instituciones universitarias.
Con este veto, el gobierno de Milei reafirma su postura de reducir el gasto público, aunque la decisión podría escalar en un conflicto con el sector académico y provocar tensiones en el ámbito educativo nacional.
